A fin de establecer la prohibición de publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional dentro de los planteles escolares y sus inmediaciones, el Pleno del Senado aprobó, con 86 votos, el dictamen a una minuta que busca reformar la Ley General de Educación.
Para ello, el documento que se remitió al Ejecutivo federal establece que las autoridades educativas serán quienes promuevan ante las autoridades correspondientes, que dicha prohibición se lleve a cabo de acuerdo con los criterios nutrimentales de la Ley General de Salud.
Propone que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para la preparación, distribución y venta de los alimentos y bebidas preparadas, procesadas y a granel, dentro de las instituciones educativas.
El dictamen precisa que para la elaboración de dichos alimentos, se cumplirán las reglas nutrimentales que determine la Secretaría de Salud, mismas que deberán evaluarse y actualizarse al menos cada cinco años.
Además, quienes ejerzan los cargos directivos y las autoridades escolares, serán los responsables de la aplicación y vigilancia de estas disposiciones, junto con la autoridad sanitaria, y estarán a cargo de sancionar en el ámbito de sus competencias su incumplimiento.
En lo relativo a las cooperativas, se propuso que deberán funcionar con la participación de la comunidad educativa, a fin de fomentar estilos de vida saludables, agregándose a los establecimientos de consumo escolar, comedores y máquinas expendedoras o sus equivalentes.
También se planteó que la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, comprendan los criterios de sustentabilidad y la ausencia de conflicto de interés y la garantía del interés superior de la niñez.
El proyecto sugiere que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios deberán adecuar sus leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas, en un plazo no mayor de dos años, para cumplir con la regulación de la venta de alimentos y bebidas naturales y preparados, saludables, sostenibles y de la región, así como el consumo de agua potable.
Al hacer uso de la palabra, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, dijo que por primera vez en la historia, desde el Senado de la República, se impulsan reformas para garantizar una alimentación sana, suficiente, sustentable y de calidad, desde su producción, distribución y consumo.
“Hoy como nunca es imprescindible para el pueblo de México estar conscientes de que la política alimentaria es una responsabilidad y una obligación del Estado”, expresó.
Refirió que la pandemia de la Covid-19 “sacó a flote las pandemias ocultas” por la mala alimentación, así como las políticas alimentarias que el país no ha tomado como prioridad en la defensa de los derechos humanos de las niñas y los niños.
Advirtió que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, nuestro país vive una pandemia de azúcar y obesidad, pues siete de cada 10 adultos tienen sobre peso, así como cuatro de cada 10 niños.
Por tal motivo, indicó, es fundamental que en los entornos escolares se implemente una política alimentaria clara, definida, con una autoridad responsable, que determine los alimentos que pueden consumirse dentro de las escuelas.
“Retomamos el espacio de las escuelas como el espacio donde se enseña, se aprende y donde se genera una cultura y una consciencia de sana alimentación”, concluyó.
Dijo que derivado de estos cambios se podrán prevenir problemas de salud pública, como diabetes, obesidad, hipertensión y una serie de enfermedades degenerativas, para ofrecer un nuevo modelo de consumo y cuidado para las y los estudiantes.
En tanto, la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, consideró que la obesidad es uno de los problemas más severos para la niñez, por lo que es indispensable, además de fomentar buenos hábitos alimentarios, fortalecer la disciplina del ejercicio y la educación física, “porque no sólo genera organismos mucho más sanos, sino que propicia el trabajo en equipo y el sano entretenimiento”.
La senadora María Graciela Gaitán Díaz, del PVEM, señaló que más de 24 millones de menores de edad se encuentran expuestos a alimentos con bajo valor nutricional que se venden en las escuelas, lo que repercute de forma directa en la salud de la población joven y en su calidad de vida.
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