Al inaugurar el Foro “El Futuro de la Tecnología en Procesos Penales”, la presidenta de la Comisión de Justicia, reconoció que es urgente replantear el diseño de las instituciones de procuración y administración de justicia y de sus recursos tecnológicos en las investigaciones ministeriales. 

“Por eso es que estamos aquí dialogando. Nuestro tiempo exige romper tabúes, generar nuevos paradigmas, construir democráticamente los ajustes que hagan falta para que las instituciones del Estado estén en condiciones tecnológicas de enfrentar a estas organizaciones delincuenciales”. 

Señaló que el internet, la computación y las nuevas tecnologías de la información han llevado a la humanidad a una nueva etapa, por lo que el Senado, dijo, con el afán de enfrentar los retos, realizó este foro en el que se escucharon los desafíos técnicos legislativos en la materia. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, señaló que de acuerdo con los expertos, la aplicación de las tecnologías de la Información, comunicaciones y seguridad puede ayudar a que la impartición de la justicia sea más eficiente, rápida y transparente. 

En este sentido, aceptó que en nuestro país la mayoría de los procesos que integran la materia penal son muy lentos, desde la fase de la indagatoria por parte de los ministerios públicos, hasta la etapa propia de la administración de justicia. 

“Esta lentitud de los procesos judiciales adquiere gran relevancia en materia penal, en los procesos, principalmente, porque afecta los derechos humanos de los justiciables”, indicó.  

Consideró que el futuro de la tecnología en el proceso penal es muy prometedor, porque contribuye a la eficiencia y precisión en la investigación criminal y en la administración de justicia. 

“Por ejemplo, en el análisis de patrones y tendencias en el comportamiento delictivo, lo que ayuda a resolver delitos, la inteligencia artificial, que se utiliza para revisar pruebas, analizar evidencia y normar criterios en la toma de decisiones judiciales; así como la realidad virtualidad aumentada que se usa para la reconstrucción de los hechos, entre otros”, resaltó. 

Israel Alvarado Martínez, experto del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales, celebró la disposición de las senadoras y senadores para legislar a fin de modernizar el sistema de justicia penal, con el fin de dotar a los entes del Estado de herramientas normativas que les permitan llevar a cabo la aplicación de ciertos estándares internacionales. 

En su oportunidad, Nelly Montealegre Díaz, coautora del libro “Seguridad Nacional y Ciberseguridad, contexto y desafíos para América Latina y Caribe”, reveló que nuestro país no está bien evaluado a nivel internacional por la falta de políticas en materia de ciber seguridad. 

Mencionó que recientemente el Centro Belfert de Estudios Internacionales de Harvard presentó un índice nacional denominado “Ciber poder”, en el que México no figura; por otro lado, la evaluación de la ONU, aunque destaca algunos avances, todavía sitúa al nuestro país por debajo de otras naciones, ya que en 2017 ocupábamos el lugar 28 y en 2020 avanzamos al sito 52 a nivel mundial, “por lo que avanzar en la legislación en materia penal sería muy importante”.  

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