Amigas y amigos:

Mexicanas, mexicanos:

Conmemoramos en esta fecha histórica un aniversario más de la Constitución de 1917 vigente; y en este recinto donde se aprobó la Constitución Liberal de 1857 doy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Todas ellas, todas esas reformas del periodo neoliberal contrarias al interés público. Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna que fue fruto de un movimiento popular, revolucionario y por lo mismo, concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y subrayo, público.

Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional.

Sostengo que el Humanismo Mexicano se nutre de la herencia cultural que nos legaron las grandes civilizaciones mesoamericanas y de la fecunda historia política de nuestro país con sus próceres ejemplares como el padre de nuestra patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que no sólo luchó por la Independencia, sino también y con mayor énfasis por la justicia.

Por eso, la fecha que más celebra el pueblo de México es la del inicio, la del Grito de Dolores y no la de la consumación de la Independencia ocurrida once años más tarde. A los mexicanos nos importa más el precursor, el cura Hidalgo, que Iturbide, el consumador; porque el cura era defensor del pueblo raso y el general realista representaba a la élite, a los de arriba, y sólo buscaba ponerse la diadema imperial. Hidalgo estaba hecho de otra madera. Fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud.

En el pensamiento y en las acciones, Hidalgo era todo un revolucionario y no se andaba por las ramas. Por ejemplo, en una de sus cartas al intendente Juan Antonio Riaño, escribía: «No hay remedio, señor intendente: el movimiento actual es grande, y mucho más cuando se trata de recobrar derechos santos, concedidos por Dios a los mexicanos, usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos, que auxiliados de la ignorancia de los naturales, y acumulando pretextos santos y venerables, pasaron a usurparles sus costumbres y propiedad y vilmente, de hombres libres, convertirlos a la degradante condición de esclavos». Por ese pensamiento, los oligarcas realistas no sólo lo asesinaron, sino que le cortaron la cabeza y a manera de escarmiento la exhibieron por más de diez años en la plaza principal de Guanajuato.

Lo mismo se puede decir de la vida pública de otro cura bueno y rebelde, José María Morelos y Pavón, quien dio a conocer en Chilpancingo, Guerrero, en 1813, un documento conocido como Sentimientos de la Nación, un texto fundacional en el que se recoge y expresa —en pocas palabras, con sencillez y buena prosa—, un tratado de humanismo aún vigente por su relevante dimensión social. Los 23 puntos dictados por Morelos son de gran profundidad en el terreno de la democracia y de la legalidad, pero hay cuatro de estos postulados que me parecen de una excepcional trascendencia humanista. Decía, por ejemplo, Morelos: «Que se modere la indigencia y la opulencia». Digo en esta ocasión: No encuentro una fórmula más sencilla para tratar el añejo problema de la desigualdad económica y social en nuestro país. 

Y aunque parezca increíble y nos sorprenda, en los tiempos del neoliberalismo, que terminaron hace cinco años, la desigualdad se volvió aún más extrema y ofensiva. Por eso, el combatirla con una mejor distribución de la riqueza, del ingreso y del presupuesto, es hoy una de nuestras mayores y más importantes tareas, y avanzar para lograrlo debe seguir siendo nuestro principal motivo de orgullo.

Pensaba Morelos, lo cito: «Que se eleve el salario del peón». Fíjense, cómo lo elabora. Son unas cuantas palabras, «que se eleve el salario del peón». ¿Acaso no es también lo suficientemente clara esta demanda? Partamos de la base de que durante el periodo neoliberal al que he hecho referencia en infinidad de ocasiones y que afortunadamente en nuestro país ya se acabó con esa pesadilla, el empobrecimiento del pueblo se hizo acompañar, en esos 36 años, con una pérdida sistemática y permanente del poder adquisitivo del salario. 

Pedía Morelos: «Que se eduque al hijo del campesino y del barretero igual que al hijo del más rico hacendado». Este principio básico tiene que ver, sin duda, con la educación pública, gratuita y de calidad, la cual estuvo en riesgo, no lo olvidemos en el periodo neoliberal, cuando se pretendió privatizar la enseñanza y dejarla a expensas del libre mercado, como si se tratara de una mercancía. En esencia, la mal llamada reforma educativa del sexenio anterior era eso: que la enseñanza no fuese un derecho, sino un privilegio reservado únicamente a las familias que pudieran pagarla. Ahora, guiados por el anhelo de Morelos, estamos ocupándonos de cuatro acciones básicas: tratar a las maestras y maestros con dignidad y no regatearles sus derechos laborales; nunca más desprestigiar al magisterio nacional. 

Mejorar los planteles educativos mediante el programa La Escuela es Nuestra; reformar, como lo hemos hecho, los contenidos educativos de los libros de texto para devolverles el civismo, la ética, la historia y el humanismo, sin menoscabo de las matemáticas, la química, la física y otras disciplinas de las ciencias naturales; convertir en derecho constitucional, el que estudiantes de familias pobres puedan obtener becas para terminar sus estudios, porque para hacer efectivo el derecho a la educación no basta con dar acceso gratuito a los planteles escolares; si las niñas, niños y jóvenes no tienen para comer, vestir y transportarse, simplemente no pueden estudiar, y en esas condiciones, un apoyo económico, una beca, por modesta que sea, puede hacer la diferencia entre ir a la escuela o quedarse al margen de la educación.

Exigía Morelos: «Que existan tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte». Este precepto obliga a terminar con la impunidad y que se deje de castigar exclusivamente a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y se proteja a los delincuentes de cuello blanco. El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos; por el contrario, debe asumir su papel de garante de la justicia y hacer valer un auténtico Estado de derecho, en el cual nada ni nadie se sitúe al margen de la ley o por encima de ella.

Aunque estos son para mí los postulados más precisos y vigentes, hay en los Sentimientos de la Nación otros puntos de gran trascendencia. Por ejemplo, el que declara «libre e independiente de España a América también de cualquier otra nación, gobierno o monarquía»; el que establece que «la soberanía dimana del pueblo»; el que reafirma que somos una República y divide los poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el postulado de que el gobierno liberal debe sustituir al tiránico; el reclamo de leyes generales que valgan para todos, para todas y, por tanto, la tácita abolición de los fueros y de los privilegios.

El punto 15 proscribe para siempre la esclavitud y la distinción de castas. Cito textualmente: «Quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud»; y algo verdaderamente visionario de este cura profundamente humano y precursor de la justicia: declara, Morelos, prohibida la tortura.

Con la Revolución Mexicana se retoman estas demandas populares y se agregan otras de gran trascendencia. Los Flores Magón, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero y el general Cárdenas, condujeron al pueblo para establecer un nuevo orden económico, social y político, que convirtió en realidad el derecho de los campesinos a la tierra, la demanda de salarios y jornadas justas para los trabajadores, el dominio de la nación sobre nuestros recursos naturales y otros anhelos de justicia, libertad, democracia y de soberanía nacional. 

Pero al paso del tiempo estos derechos alcanzados con el sufrimiento y el sacrificio de millones de mexicanos en las luchas de Independencia, de Reforma y de Revolución fueron perdiendo vigencia, en tanto que se reestablecían fueros y privilegios en beneficio de una élite de poder económico y político. No hace falta argumentar mucho sobre cómo en el periodo neoliberal o neoporfirista, de 1983 a 2018, toda la vida pública de México estuvo controlada por una minoría ambiciosa y rapaz. México era un país de unos cuantos y para ellos el pueblo no existía.

Por eso, la gente cansada de tanto abuso y desprecio apoyó el actual movimiento de transformación, el cual ha logrado reivindicaciones verdaderamente profundas, de manera pacífica sobre todo, en el terreno de la justicia social y del combate a la corrupción.

Ahora son tomados en cuenta los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, los artistas, las maestras, maestros, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios y la nueva política económica auspicia prosperidad de todas y todos los mexicanos, desde abajo hacia arriba; en especial, se ha logrado reducir la pobreza y la desigualdad.

No obstante, es indispensable proteger lo que hemos alcanzado entre todos y desde abajo, todo lo que se ha logrado en beneficio del pueblo y continuar luchando por una sociedad mejor, más justa, libre, igualitaria y fraterna. 

Con este contexto es que presentamos el día hoy, este día histórico, las siguientes reformas constitucionales que, en esencia, proponen lo siguiente:

Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México; consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten.  
Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año, y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. 
Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
Garantizar la atención médica integral de manera gratuita a todos los habitantes de México.
Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
Prohibir el maltrato a los animales.
Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking; no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. 
Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco, mediante el uso de factureras.
 No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual. 
 El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben, en promedio, los trabajadores inscritos al seguro social. 
 Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1° de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.
 Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo, y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
 Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar; se mantendrán precios de garantía para la compra-venta de alimentos básicos y se continuará entregando fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país, para cumplir con un acto básico de justicia: “que coman los que nos dan de comer”.
 Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas, concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. 
En la reforma constitucional que proponemos y se entregará el día de hoy, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica.

16. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso, desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales; el Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500 y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora. 

Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30 por ciento de participantes en consultas populares para hacerlas efectivas, válidas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la Revocación del Mandato.

17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los Congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque sólo el pueblo puede salvar al pueblo. 

18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo se propone que esta institución, creada para cumplir tareas de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con estricto respeto a los derechos humanos.

19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana; se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el Presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal, para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones a los servidores públicos del presidente Benito Juárez, quien sostenía, lo recuerdo para que no se tenga nada más el retrato del presidente Juárez y se olvide su pensamiento y su obra, decía: “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala". 

20. Eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, –sí, autónomos del pueblo, no de la oligarquía– creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público. 

Amigas, amigos:

Estas iniciativas de reformas a la Constitución y a las leyes, como he dicho,  serán entregadas el día de hoy por la secretaria de Gobernación  a la Cámara de Diputados para que en esta legislatura, lo que falta de esta legislatura o en la próxima, se analicen, debatan y en su caso se aprueben, para beneficio de la mayoría del pueblo. 

La esencia de estas normas y nuevos derechos es reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia, como lo demandaron y exigieron con sus luchas nuestros antepasados y sus abnegados dirigentes. 

Estas propuestas son, a todas luces, distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás, en los 36 años de ese oscuro periodo, se pensó en beneficiar al pueblo sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. 

Nunca, repito, en los 36 años de dominio oligárquico, se reformaron los artículos de la Constitución para procurar la justicia. No hay nada que lo demuestre. Todo lo aprobado por los legisladores en ese largo y nefasto periodo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías.

Ahora, afortunadamente estamos viviendo otro momento, un momento estelar en la historia de nuestro país, y nos juzgaría mal la historia si no actuáramos de manera consecuente con las ideas y los principios que enarbolaron e hicieron valer nuestros antepasados, nuestros héroes, nuestros mártires. 

Estoy consciente que el éxito de la transformación en marcha no depende únicamente de las reformas a la Constitución y a las leyes, hay otras cosas que son también muy importantes, fundamentales, por ejemplo, el cambio de mentalidad del pueblo, lo cual, en buena medida hemos conseguido entre todos, desde abajo, y que conocemos como la revolución de las conciencias, porque de ello depende, en mucho, evitar cualquier retroceso antipopular en el futuro. Además, como es sabido por muchos, estamos predicando y gobernando con el ejemplo, y ha quedado de manifiesto que somos partidarios del humanismo; sin embargo, sería un error confiarnos y dejar pasar esta oportunidad histórica para hacer todo lo que esté a nuestro alcance con el propósito de afianzar valores, ideales y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y, sobre todo, eminentemente social.  

Sigamos avanzando, no dejemos de luchar ni un sólo día. Pensemos siempre que nuestros esfuerzos y fatigas de la actualidad, fatigas de hoy, significan construir la defensa de lo alcanzado en beneficio de las nuevas generaciones. No perder el tiempo, no caer en el inmovilismo. No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones, y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo los medios de manipulación que no de información, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo, y que con esa certeza, si regresan los corruptos, las nuevas generaciones puedan, llegado el momento, recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía. Pero no se malinterprete, no estoy hablando del futuro inmediato; hasta donde alcanzamos a ver, y a oír en la calle, el porvenir vendrá acompañado de la justicia. Mi reflexión va más allá de los próximos años, porque nada en política es eterno y en la democracia se gana o se pierde y el pueblo es el que manda, y si se equivoca, vuelve a mandar.

En síntesis, mi propuesta es que nuestra generación honre el legado del Constituyente de 1917. De él recibimos una Carta Magna que, a pesar de las graves adulteraciones que sufrió durante el neoliberalismo, nos ha resultado fundamental para recuperar el país, limpiar la podredumbre de las instituciones y reorientar al Estado para ponerlo al servicio del pueblo. 

Gracias a nuestra Constitución de 1917 hemos podido emprender esta hazaña nacional en forma pacífica y democrática, y ahora es justo y necesario, como nuestra aportación a la historia y a las nuevas generaciones, que le devolvamos toda su dignidad, su humanismo y su grandeza.

¡Que viva la Constitución de 1824!

¡Que viva la Constitución de 1857!

¡Que viva la Constitución de 1917!

¡Viva la transformación!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

Recinto Parlamentario, Palacio Nacional, 5 de febrero de 2024

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