Legisladores, especialistas, funcionarios, representantes de la comunidad LGBT+ y de organizaciones civiles demandaron aprobar leyes y fortalecer a las instituciones para proteger los derechos laborales y políticos de las personas de la diversidad sexual.
En la inauguración del “Debate juvenil LGBT+ 2023”, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, destacó que este evento es un espacio de reflexión, contraste e intercambio de ideas en torno a las necesidades de la comunidad sexo genérica, desde la perspectiva de la juventud.
Es decir, la visión de quienes eventualmente harán el relevo generacional para la defensa y expansión de los derechos de este sector poblacional.
Subrayó que “este ejercicio de escuchar, debatir visiones y propuestas en torno a su propia agenda, siempre abonará a la progresividad de los derechos y sin duda dejará muchas líneas de trabajo a las y los senadores de la República”.
La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano y quien organizó el evento, lamentó que medio millón de personas, 10 por ciento de la población LGBT+, ha sido sometida -para corregir su orientación sexual o identidad de género-, a las mal llamadas “terapias de conversión”.
Este dato, agregó, permitió dimensionar el gran dolor que pesa todavía sobre la sociedad, para tomar un impulso en la lucha para prohibir este tipo de terapias.
Recordó que, en octubre de 2022, después de cuatro años de insistir con la iniciativa, el Pleno del Senado aprobó el dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, con el objetivo de prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual, conocidas como Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig).
Patricia Mercado indicó que la minuta está en la Cámara de Diputados, por lo que se tiene que lograr que en el siguiente periodo ordinario, finalmente se avale en el Pleno de la colegisladora; si eso sucede, dijo, todavía tendrá que regresar al Senado, porque incluye una modificación muy puntual para atender un criterio del Poder Judicial de la Federación.
La senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado para eliminar la discriminación, así como impulsar un sistema educativo inclusivo, además de fortalecer las leyes y las instituciones que protejan los derechos laborales y políticos de las personas de la diversidad sexual.
Agregó que en un estado democrático, en el que se respetan los derechos humanos, es fundamental reconocer la diversidad social y garantizar igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, sin importar su orientación sexual o identidad de género.
Braulio López Ochoa Mijares, diputado federal y presidente de la Fundación México con Valores, dijo que el parlamento juvenil LGBT+, tiene como razón defender una visión de país, en la cual cada persona pueda vivir y desarrollarse en autonomía con libertad, así como una en la que la sociedad pueda convivir en igualdad de derechos de oportunidades y capacidades.
Ochoa Mijares reconoció que, a pesar de los avances, aún falta para garantizar los derechos de las minorías, así como construir una verdadera agenda de inclusión laboral, económica y una representación política eficaz de la población LGBT+.
La fundadora de la Casa de las Muñecas “Tiresas”, Kenya Cuevas, aseveró que la identidad de género todavía no se reconoce en todo el país y eso es una limitante para poder acceder a sus derechos.
Enrique Vives, presidente de la LGBT+ Rights México, comentó que, por años, esta comunidad se vio forzada a estar oculta en la política, porque se les decía que era un lugar en el que simplemente no pertenecían, “pero ya estamos aquí”.
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